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Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor (COVID-19)

Por: Lic. y C.P.C. Héctor Manuel Miramontes Soto (Socio ACBN)



El día lunes 30 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el denominado Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, dictado por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud.


En la misma fecha, el referido Consejo dictó nuevas Medidas de Seguridad Sanitaria” que primero fueron publicadas en el Portal de Internet de la Secretaría de Salud y al día siguiente, 31 de marzo, fueron publicadas en el DOF como parte del denominado ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, con efectos inmediatos. Con la finalidad de aclarar el alcance que dichos instrumentos tienen para las empresas del sector privado, a continuación nos permitimos comentar su contenido, en sus aspectos más relevantes.



Suspensión o continuación de las relaciones laborales

La LFT contempla en sus artículos 427 y 429, el supuesto de una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo debido a una declaratoria de “contingencia” sanitaria decretada por la autoridad competente. El artículo 42 Bis en relación con el 429 fracción IV, de la Ley en cita, disponen que en el caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, que implique la suspensión general de labores, el patrón tendrá que pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión de labores, sin que pueda exceder de un mes. Si bien es cierto que tanto la LFT como la Ley General de Salud contemplan el supuesto de una declaratoria de contingencia o emergencia sanitaria y las consecuencias derivadas de ella, lo cierto es que el Consejo de Salubridad General, como autoridad competente en la materia, ha declarado una “emergencia” sanitaria por causa de fuerza mayor, la cual, bajo la óptica de las Autoridades Federales tiene un alcance distinto, por lo que no supone una suspensión colectiva y temporal de las relaciones de trabajo, no obstante que, como se podrá observar en el siguiente apartado, al dictar las nuevas medidas de seguridad sanitarias, entre otras, “se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, en el territorio nacional”. En relación con lo anterior, el pasado 31 de marzo 2020, fue publicado en el Portal de Internet Oficial que el Gobierno Federal tiene habilitado en esta materia, un documento emitido de manera conjunta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, denominado “Preguntas Frecuentes”, relacionado con la situación laboral frente al COVID-19, en el cual, entre otras cuestiones, se afirma lo siguiente: 1. La declaratoria de emergencia sanitaria dictada no permite la suspensión temporal de las relaciones laborales por “contingencia” sanitaria, por lo que el pago de una indemnización hasta por un mes con base en el salario mínimo general no es aceptable. 2. En estos casos, corresponde a la autoridad federal en materia del trabajo fijar el monto de la indemnización, pero que no obstante, se recomienda a los patrones y trabajadores definir mutuamente las medidas que permitan conservar las fuentes de empleo y proteger a los trabajadores. 3. La PROFEDET puede auxiliar en la celebración de dichos convenios. 4. Entre dichas medidas está permitido el que las partes acuerden percibir las remuneraciones a cuenta de vacaciones o en concepto de pago adelantado y disfrute de las mismas. 5. Si las circunstancias lo permiten, es recomendable que las actividades se realicen desde casa. En tales consideraciones y bajo el marco conceptual de los documentos antes citadas, aquellas empresas que se vean en la obligación de suspender sus operaciones y permitir con ello que sus trabajadores cumplan con la medida de seguridad sanitaria consistente en el resguardo domiciliario corresponsable, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, deberán de considerar al mismo tiempo, la subsistencia colectiva de las relaciones de trabajo y en todo caso, entablar negociaciones con su personal, para acordar la forma en la que será regulada la relación de trabajo durante la emergencia sanitaria, particularmente en cuanto a la forma de pago de los salarios.

Contribuciones de seguridad social

Es importante señalar que, no habiendo suspensión colectiva de las relaciones laborales por este motivo, las contribuciones de seguridad social (IMSS, INFONAVIT) se seguirán causando en los términos previstos por las disposiciones legales aplicables.

Medidas de Seguridad Sanitaria

El Consejo de Salubridad General ha emitido nuevas medidas de Seguridad aplicables al sector público, privado y social, entre las cuales a continuación comentamos las que estimamos de mayor relevancia para el sector privado. i. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. ii. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales:

· Las que de manera directa son necesarias para atender la contingencia sanitaria, como lo son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa, y de apoyo en todo el sector de salud, público y privado. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención:

· Servicios Financieros.

· Recaudación tributaria.

· Distribución y venta de energéticos, producción.

· Gasolineras y gas.

· Generación y distribución de agua potable.

· Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

· Servicios de transportes de pasajeros y carga.

· Producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada.

· Guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad.

· Telecomunicaciones y medios de información.

· Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación.

· Servicios de almacenamiento y cadena de frio de insumos esenciales.

· Servicios de logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles).

· Así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación.

iiii. Aquellas empresas o establecimientos que se encuentren dentro del listado de actividades anterior deberán de continuar operando de manera regular, cumpliendo con todas las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus COVID-19, que por su importancia referimos a continuación.

· No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas.

· Lavado frecuente de manos.

· Estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria.

· Saludos a distancia.

· Todas las demás medidas de sana distancia vigentes.

iv. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible; v. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; vi. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en dicho acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México. Si desea mayor información o le surge alguna pregunta sobre el contenido de este boletín, no dude en hacer contacto con alguno de nuestros socios y personal profesional.




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